EL JUEZ RECTOR

El 8 de julio de 1998, por decisión del Concejo de la Judicatura, fue designada Juez Rectora del Estado Bolívar, la doctora Judith Parra, en sustitución del doctor Luis Alberto Reyes Chacín., quien la ejercía desde el mes de noviembre de 1995. El doctor Reyes Chacín, nativo de la vecina Soledad, primer Juez Rector, fue designado siendo Juez Superior segundo. La figura, entonces de reciente data en Venezuela, tiende a una estructura fundamentalmente ética. En cuanto a la doctora Parra, es nativa de Upata, se graduó en la Universidad de Carabobo en 1989 y realizado estudios de post grado en derecho mercantil, procesal y administrativo. Juez de Roscio y de menores en Ciudad Bolívar y cuando recibió el Rectorado era Juez Civil, Mercantil, Menores y Estabilidad Laboral. La doctora Parra permaneció en la Rectoría hasta mediados de febrero de 2001 que designaron al doctor Rafael Huncal Ramírez juez rector y presidente del Circuito judicial Penal del estado, mediante decisión del Tribunal Supremo, como pasó a llamarse la Corte Suprema de Justicia en la nueva Constitución Nacional. Destacó el nuevo juez rector del estado que su designación obedece a una decisión de la Comisión Judicial del máximo tribunal, con el propósito de emprender una tarea positiva de la recuperación definitiva del Poder Judicial. El 9 de mayo de 2005 y luego de ciertas incidencias internas dentro del Poder Judicial, fue designado juez rector del Circuito Judicial y Penal del estado Bolívar, el doctor Ramón Córdova Ascanio quien se venía desempeñando también como coordinador del Circuito Laboral en la región. La entrega del cargo por parte del director administrativo de la DEM regional Armando Álvarez, confirmó lo que fue catalogado en el ambiente judicial como "un secreto a voces". La Juez Rectora actual es la doctora Mercedes Sánchez Rodríguez.

ANTIGUA SEDE DE LOS TRIBUNALES

HAY JUSTICIA EN ESTE PAÍS???

El caso Mareschi Fernández - Najib García lleva MÁS DE SEÍS años esperando decisión del Juez. Injusto que Najib ocupe gratis una casa.

LA DESESPERANTE IMPRONTITUD DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

Toda vez que los organismos del Estado no obran justicia con prontitud como obliga la Constitución, tenemos dolorosamente que acudir a este medio de la Red Social para ver si algún día encuentran respuestas claras, reclamos como los de mi nieto Alfonso Mareschi Fernández que pide al Juez respectivo decida la desocupación del inmueble de la calle Pichincha frente al liceo Tomás de Heres, de su propiedad, heredado de su padre fallecido en Italia en 2015. Resolví escribir esto cuando me mostraron esta foto ilustrativa de MCM con Najib García posando para la cámara luego de una asamblea de activistas en la Casa propiedad de mi nieto Alfonso Mareschi Fernández, que el señor Najib García ocupa desde hace más de cinco años sin pagar los alquileres que el muchacho reclama para poder proseguir sus estudios paralizados por falta de recursos. La Madre y su único hijo han gastado todos sus ahorros en abogados desde hace más de cinco años y no ha habido formas ni argumentos jurídicos que como palancas muevan la piedra atravesada en la senda de la justicia. El magistrado del Poder Judicial, Maikel Moreno, durante la Apertura del año Judicial, exaltó como un gran logro, la prontitud de los Tribunales de Justicia que, en este caso, no veo por ningún lado. Por lo contrario, observo una demora realmente desesperante. (AF)

CASO MARESCHI FERNÁNDEZ - NAJIB GARCÍA

El caso "Mareschi Fernández - Najib García" lleva cinco años esperando decisión del Juez del Tribunal respectivo de Ciudad Bolívar. Injusto que Najib ocupe gratis desde entonces esa casa que le costó sudor y lágrimas a su legítimo dueño. Dónde queda la prontitud de la JUSTICIA?

LA LEY NO ES NI PUEDE SER UN GARROTE

ALBERTO ARTEAGA, ABOGADO PENALISTA: “LA LEY NO ES UN GARROTE PARA LIQUIDAR AL ADVERSRIO” Por Jolguer Rodríguez Costa —¿Es ciega o sorda la justicia venezolana? —Ciega no es, sorda sí, tiene incontinencia verbal y se aparece de vez en cuando como los espantos. —Dicen que el derecho penal da pena... —Más bien se dice que los penalistas damos pena. Al ofrecer mis servicios me presento como un aficionado al derecho penal. —¿Vale la pena denunciar? —La Fiscalía General de la República fomenta la denuncia, pero la fiscal siempre exige pruebas al denunciante cuando quien tiene que hacerlo es ella. —¿Qué previó cuando en 2006 los magistrados corearon el ¡Uh, ah!? —La puñalada trapera de una realidad que se refleja ahora, en toda su crudeza, con el “efecto Aponte”. —¿Es el Presidente la ley? —Lo evidencian sus “sugerencias”, que se convier-ten inmediatamente en investigaciones. —Si “la democracia es una república de jueces”, ¿cuál régimen impera? —El de la etapa más primitiva de la venganza privada. Lo vemos todos los días en las páginas de sucesos de la prensa. —¿Un defendido indefendible? —Hasta un ex magistrado confeso de sus delitos tiene derecho a la defensa. —¿Lo era su defendido Carlos Andrés Pérez? —Tampoco, porque tuvo un juicio político. Cualquier argumento era absolutamente inútil ante la utilización de la justicia penal como arma contra el adversario político. —¿Se deja violar el soberano? —Hemos dado tristes muestras de sometimiento y tolerancia ante la arbitrariedad y el abuso. —Y los abogados, como garantes de la justicia, ¿por qué nunca protestan? —Esta profesión se encuentra absolutamente postrada. La en mayoría de los abogados hemos dado un ejemplo de lo que no puede ser un defensor de la ley y de los derechos. —¿Cómo lavar esa imagen? —Con la convicción de que la ley no es un garrote para li-quidar al adversario. —Y el venezolano, ¿es ilegal por naturaleza? —No ha internalizado el valor de la justicia ni el de la ley. —¿Qué aconsejará el Consjjo de Estado? —Sólo recomendará la malcriadez internacional de se-pararnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. —Separados de ella, ¿quién podrá defenderlos? —¿A los familiares de los muertos por la violencia? -Sólo la justicia divina. —¿Y a los medios del acoso oficial? —Se puede montar un expediente completo sobre las agresiones a la libertad de expresión. —¿La justicia más injusta? —La justicia que no llega. —¿Por qué en 13 años se ha cuadruplicado el número de homicidios? —Es paradójico: en Venezuela es mejor ser condenado que procesado, cosa que no concluye nunca. La única sanción que se aplica sin juicio y en forma anticipada es la prisión preventiva. —También en el mismo lapso se duplicó la población carcelaria... —Tanto, que La Planta fue diseñada para 400 personas y la ocupaban 2.700. —De ser director de prisiones... —No aplicaría la liberación masiva. Despolitizaría la ad-ministración de justicia para que en uno o dos años el cambio sea radical. —Al desunir el país, ¿es condenable el Gobierno? —Sin duda, no legalmente pero sí éticamente. —¿Ha perdido amigos? —Más bien hay algunos alumnos que se gradúan, se hacen llamar doctores y lo primero que hacen es desco-nocerlo a uno como profesor. —¿La justicia de lentes oscuros? —La que se aplica a los amigos del régimen. —¿Lo ilegal de la oposición? —El radicalismo en la mente de algunos. —¿Subestiman la fuerza electoral del comandante? —No todos, pero hay gente opositora que aspira a volver al pasado. —¿Alguna vez se equivocó como abogado? —Muchas veces. —¿Un consejo a los nuevos colegas? —Más vale un mal arreglo que un buen pleito. —¿Cada pueblo tiene el gobierno que se merece? —Y cada gobierno tiene la delincuencia que se merece. —¿Los derechos que el Gobierno niega a la oposición? —El derecho de disentir. —¿Y viceversa? —El derecho al pataleo, sin que ello implique justificar un pretendido derecho al insulto. Pedimos tolerancia, pero también debemos darla. —¿Un derecho enderezado por la revolución? —Haber hecho más visibles a los marginados sociales. —¿La institución impecable? —La Iglesia. —¿Cuánto vale un juez? —Depende de si es un juez honesto como María Lourdes Afiuni o su antítesis representada por Aponte Aponte. —¿La impunidad más implacable? —La de los homicidios: más de 90% queda sin sanción. —¿Hay derecho al militarismo del siglo XXI? —La FAN debe hacer cumplir la Constitución y defender la soberanía. —¿Aun declarándose chavista? —Constitucionalmente hablando eso es una contradicción in terminis. —El juez Velásquez Alvaray asegura que un importante sector militar ligado al narcotráfico controla el TSJ... —No creo que la FAN esté penetrada por el narcotráfico, pero sería bueno una investigación. —¿Qué pasaría en Venezuela si la revolución logra desarmar a la población? —Creeré en el desarme cuan-do grupos irregulares perfectamente identificados como las milicias entreguen sus ar-mas y el Gobierno haya sido capaz de desarmar a los privados de libertad.